Artículo de opinión: «Hay que poner fin a las negociaciones comerciales con Bolsonaro»
Mientras que la Unión Europea se prepara para finalizar el tratado de comercio con los países del Mercosur, Emaús Internacional y numerosas organizaciones de solidaridad internacional lanzan un llamamiento a las instituciones europeas para que cesen las negociaciones comerciales con el gobierno Bolsonaro, responsable de los alarmantes estragos sanitarios y medioambientales de Brasil.
Mientras el censo oficial del mes de julio contabiliza más de 2 millones de casos y casi 80 000 fallecidos por la Covid-19, el presidente Bolsonaro designa a militares para ocupar puestos de máxima importancia en la salud pública; en concreto, al general Eduardo Pazuello como Ministro de Salud interino. Está dejando a la población a la merced de la pandemia, especialmente a las personas más vulnerables. El gobierno sigue minimizando la gravedad de la situación y obstaculiza la publicación de datos oficiales relativos a la pandemia, así como el pago de ayudas económicas urgentes para el 25% de la población brasileña que tiene derecho a percibirlas.
Las restricciones presupuestarias también se aplican a los Estados y municipios. De todos los test para la Covid-19 adquiridos por el Ministerio de Salud desde el mes de marzo, solamente un 36% han llegado a los laboratorios estatales y municipales. La misma situación se da con respecto al gasto directo del Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia: hasta finales de mayo, solo un 6,8% de los más de 11 700 millones de reales brasileños (R$) destinados a la lucha contra el coronavirus han sido realmente gastados para combatir la pandemia. Por lo tanto, el presidente Bolsonaro y su gobierno son responsables de la actual hecatombe.
Deforestación
Aprovechando que la atención de la sociedad está centrada en la crisis sanitaria, los megaproyectos mineros y las grandes superficies dedicadas a la deforestación siguen desarrollándose en la selva amazónica. Los pueblos autóctonos dependen de este ecosistema irremplazable, cuyos recursos naturales están, más que nunca, bajo amenaza. Simplemente se les niega sus derechos. La propagación de la Covid-19 en estas comunidades adquiere envergadura a medida que personas del exterior penetran en sus tierras, sobre todo funcionarios del gobierno federal. El 16 de junio murió el jefe indígena Paulinho Paiakan por causa del virus. Era uno de los defensores más ardientes del Amazonas y figura destacada de la lucha contra el megaproyecto hidroeléctrico de Belo Monte. En junio, la Articulación de pueblos autóctonos de Brasil (Apib) censó más de 300 fallecidos por la Covid-19 —una tasa de mortalidad 1,5 más elevada que la media nacional: el virus ha alcanzado a 119 grupos indígenas, incluyendo poblaciones en aislamiento voluntario.
Un vídeo de un Consejo Ministerial revela que algunos ministros consideran esta crisis sanitaria como una oportunidad. El así llamado proyecto de ley “del acaparamiento” refleja lo que entienden los ministros por “oportunidad”: el proyecto hace oficial el acaparamiento ilegal por parte de grandes terratenientes en territorio protegido de la selva y legaliza los futuros proyectos de deforestación y explotación minera.
Violación de los derechos humanos
La votación del proyecto se aplazó por primera vez después de que parlamentarios alemanes interpelaran a sus homólogos brasileños sobre el impacto medioambiental de semejante ley. Los gobiernos europeos son socios comerciales de peso y su opinión cuenta. El parlamento noruego ha endurecido los criterios de inversión de su fondo soberano, prohibiendo concretamente el grupo minero Vale y la compañía eléctrica Electrobras, dos multinacionales brasileñas, debido a los “graves daños causados en el medio ambiente” y a las violaciones de derechos humanos que realizan con sus actividades. Igualmente, el parlamento de los Países Bajos se muestra muy inquieto por el futuro del Amazonas, así como el de Austria, Bélgica, Irlanda y Francia.
En el Parlamento Europeo, la diputada portuguesa socialista Isabel Santos denunció el proyecto de ley el 19 de junio. Recuerda que durante los cuatro primeros meses de 2020, la deforestación aumentó un 60% con respecto al año anterior, debido principalmente a las explotaciones mineras ilegales.
Por todo ello, instamos a la sociedad francesa a interpelar a representantes políticos de Francia y Europa. Las instituciones europeas deben posicionarse con mayor firmeza en contra de los estragos sanitarios y medioambientales de los que es responsable el gobierno Bolsonaro. ¡Hay que poner fin a las negociaciones comerciales con este gobierno! Es inadmisible que Alemania, al asumir la presidencia de la UE el pasado 1 de julio, tenga por prioridad la finalización y ratificación del tratado de comercio UE-Mercosur. Mediante la campaña «Brasil resiste», la Coalición de Solidaridad con Brasil, compuesta por 18 organizaciones de solidaridad internacional, propone herramientas para conocer las acciones de los movimientos sociales brasileños y las distintas maneras de apoyarlos. ¡Tendámosles una mano para demostrar que no vamos a cerrar los ojos ante esta situación!
Lista de firmantes: Act Up París (François Emery, vicepresidente); Almaa (Suzete de Paiva Lima Kourliandsky, presidenta); Amar Brasil (Gilles Maréchal, presidanete); Autres Brésils (Erika Campelo, copresidenta y Luc Duffles Aldon, copresidente) ; Attac (Maxime Combes, portavoz); CCFD-Terre Solidaire (Sylvie Bukhari-de-Pontual, presidenta); Cedetim (Bernard Dreano, presidente); Comité de Amigos del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (Monique Piot Murga, presidenta); CSIA-Nitassinan (Aurélie Journée-Duez, presidenta); Cedal (Celina Whitaker, copresidenta); Confédération paysanne (Nicolas Girod, portavoz); Crid (Emmanuel Poilane, presidente); Emaús Internacional (Nathalie Père-Marzano, delegada general); France Amérique Latine (Fabien Cohen, secretario general); Gipta (Patrick Kulesza, presidente ejecutivo); No Vox International (Annie Pourre, presidenta); Planète Amazone (Gert-Peter Bruch, presidente); Red.br (Silva Capanema, presidenta); Secours Catholique, Caritas France (Vincent Destival, delegado general); 350.org (Clémence Dubois, portavoz Francia).
Imagen : CPERS Sindicato CC BY-SA 2.0